Ojo Crítico

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Hay que tener buena memoria después de haber mentido.

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Hace poco discutía con una fan de la extrema derecha que pretendía blanquear las irregularidades y ética de Iván Espinosa de los Monteros por el caso de estafa que realizó con su vivienda. Esta señora se dedicaba a argumentar usando las excusas que dio el propio Espinosa en redes sociales ante cada noticia que salía en los medios. Sobre todo aquellas que dio por twitter cuando se produjo el embargo de su sueldo por sentencia judicial. Me decía (y esto lo he escuchado de otras personas de mismo perfil ideológico afín al de VOX) que nuestro protagonista, el señorito condenado, hijo del marqués de Valtierra, era poco más que la víctima de estafa por parte de la constructora que le demandó y que los juzgados le habían dado la razón a Espinosa porque, pobrecito él, a este le habían reducido la cantidad a pagar o que Espinosa siempre estuvo dispuesto a pagar. El lavado cerebral que consigue la extrema derecha con su feligresía es digno de estudio.

El motivo de hacer este artículo es que hay muchas noticias informando del caso o más bien casos pero, al menos que yo sepa, no ha habido ninguna que haya ordenado de forma cronológica y detallada los hechos para comprobar si dicho argumentario es cierto o no; si esta familia de señoritos tiene ética alguna y cual es y cómo ha sido todo desde que aparecieron básicamente en el panorama público a comienzos de los años 2000.

 

Familia de estafadores (2007 – 2012)

1º.- El 27 de marzo de 2007 Iván Espinosa de los Monteros crea su empresa Promociones Pedro Heredía 6 S.L  (PPH6 SL), ahora obviamente extinguida a fecha de 2022. El tipo es un lince: creó un negocio inmobiliario tras estallar la burbuja inmobiliaria en 2006 y la hipotecaría en 2007 que provocaron la financiera de 2008 usando ese mismo modelo de negocio pero de forma aún más irregular.

 

La familia Espinosa y Montero crearon su empresa para operar de la misma forma que ya habían hecho anteriormente, como más adelante sentenciarían los tribunales. ¿A qué me refiero? Pues a que su principal actividad demuestra que lo de la crisis no era un factor preocupante en su negocio ¿Y a qué actividad era esa? ¿A qué se dedicó la familia fascista mediante el uso de su nueva empresa? Según la hemeroteca (2019):

Los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros, promotor inmobiliario, y su esposa, Rocío Monasterio, con su estudio de arquitectura, construyeron entre 2007 y 2008 un bloque de ocho lofts en el solar de una vieja fábrica de plásticos del centro de Madrid sin una licencia de obra, según la información recogida en el expediente municipal del edificio, al que ha tenido acceso este periódico, y confirma el Ayuntamiento de la capital. «No consta la tramitación de ninguna licencia de obra en esas fechas», ratifican portavoces de Urbanismo. La única que aparece, indican, es una vieja licencia de los años sesenta para una nave en la planta baja y una entreplanta.

Por otro lado, luego vendieron algunos de ellos para ser usados como viviendas, pese a no ser suelo residencial y no tener, por tanto, cédula de habitabilidad o licencia de ocupación, según el relato de compradores de los locales. Espinosa de los Monteros —portavoz de Vox en el Congreso— y Monasterio —líder del partido en la Comunidad de Madrid— vivieron en uno de los lofts con sus hijos. Portavoces de Urbanismo de Madrid confirman que el suelo de esa parcela, el número 6 de la calle Pedro Heredia, es industrial y no consta la tramitación de ninguna licencia o declaración responsable para la transformación en residencial. «Ahí no podría vivir gente», concluyen.

El 2 de febrero de 2009 Iván Espinosa crea la empresa inmobiliaria Inversiones Valtierra SL (IV SL). Valtierra es el nombre del marquesado de su padre, Carlos Espinosa de los Monteros, nieto del militar fascista y primer marqués de Valtierra Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz, del que hablaremos más adelante como «empresario».

El 14 de septiembre de ese año también crea otra empresa inmobiliaria: Citrum SL. Justo en la misma dirección que la anterior (calle Menorca, 9), con cero empleados y con un solo administrador: él mismo.

 

 

Después de eso, Espinosa y Montero  solicitan una hipoteca de 1,2 millones de euros y compran la que es su actual vivienda en el año 2010.

2º.- En febrero de 2012 la pareja, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, usa su empresa «familiar» (PPH6 SL), sociedad sin actividad alguna más que esa desde su estafa.

La actividad de esta compañía es casi inexistente hasta 2012, el año en que a través de ella se pusieron en marcha las obras de esa vivienda.

En 2010 tuvo un importe neto de negocio de 0 euros.

En 2011, esta cifra llegó a 3.456 euros,

y ya en 2012 creció hasta los 429.124 euros.

Y usa PPH6 SL, de la que Iván Espinosa era único accionista y administrador, para realizar la reforma y construcción de su mansión de «no cuatro sino cinco plantas» (como presumía con mofa en el Congreso cuando apelaban a su caso) mediante un contratista: Rehabilitación, Urbanización y Edificación S. L. (RUE SL).

El inmueble, que constaba de una planta baja y una principal, fue transformada en una vivienda de cuatro alturas y 545 metros cuadrados con ascensor, gimnasio, garaje y piscina.

 

Rocío Monasterio (que ya en 2008 admitió ante un juez haber ejercido de arquitecta desde 2004 sin licencia) fue la arquitecta que realizó el proyecto de reforma de su vivienda, que quedó finalmente como se describe a continuación:

La casa se levanta sobre una parcela de 342 metros cuadrados en una de las zonas más caras de la capital, dentro de la almendra central. La superficie construida es de 545 metros cuadrados en cuatro plantas. Cuenta con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solárium en la terraza, donde también hay una zona verde.

El casoplon del moroso Espinosa
Casoplin del moroso Espinosa 2
Casoplon del moroso Espinosa 3
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Pueden ver una descripción más detallada de «Villa VOX» en Yahoo noticias.

Cuando el rio ya sonaba en 2001… (2000 – 2020)

Antes de continuar con los puntos concretando qué han hicieron Espinosa y Monasterio centrándonos en Iván a partir de 2012, retrocedamos y centrémonos en Rocío desde comienzos de los 2000. Año en el que, ya de entrada, falsea su currículum.

Sobre la pareja, Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros, según recogieron varios medios, por lo visto esta ya tenía antecedentes donde se veía el mismo «modus operandi»:

En el año 2000, Rocío Monasterio (junto a Espinosa) constituyó su empresa de arquitectura: Rocio Monasterio Y Asociados SL (RMYA SL).

En 2001 el matrimonio compró ese local de 296 metros cuadrados y del que tienen un préstamo pedido de 436.231 euros a pagar antes de 2032.

Local de la calle Menorca 15, propiedad de Iván Espinosa de los Monteros

En 2002 la presidenta de Vox en Madrid trasladó allí su estudio de arquitectura ‘Rocío Monasterio y Asociados SL’ (fecha en la que todavía no era titulada) a la calle Menorca 15. Ese año, Monasterio, en persona, solicitó una licencia para cambiar la puerta de entrada del garaje (ver documento).

Licencia de obras solicitada por Rocío Monasterio para cambiar la puerta de entrada del garaje del local de la calle Menorca 15 / Cadena SER

Después de vivir allí, Rocío Monasterio y su marido dejaron ese local y trasladaron su estudio de arquitectura a otro edificio – aunque Menorca 15 sigue siendo el domicilio social de Premium Capital Management SL (PCM SL), una de las empresas de Iván Espinosa de los Monteros.

Lo que descubriría la cadena SER en 2019 es que la familia fascista alquilaría el local sin licencia de obra y funcionamiento a una empresa, Havaianas, que tras descubrir el problema se vio obligada a abandonar el local. En el contrato dejaron por escrito que lo alquilaban sin la licencia:

“Los locales se encuentran pendientes de la obtención de la preceptiva licencia de obra y funcionamiento por parte del Ayuntamiento de Madrid, que fue solicitada el 22 de octubre de 2007”

Licencia que además solicitaron el 22 de octubre de 2007 y que nunca llegó:

La Junta de Distrito de Retiro deniega la licencia de actividad solicitada por Iván Espinosa de los Monteros, a través de su empresa Methaphore Project Management S.L para el local de la calle Menorca 15 / Cadena SER

 

Entre este año 2002 y el siguiente Rocío Monasterio trabajaría en el proyecto de un edificio en Madrid de un empresario condenado en la trama Gürtel.

Membrete de un plano de la obra en la calle Felipe Campos en 2002 en el que figuran sus dos arquitectos, el segundo es Rocío Monasterio, aunque entonces no lo era.

De hecho, este mismo año, concretamente el 12 de abril de 2002, Espinosa y Montero montarían la sociedad Gestión Inmobiliaria Habitabile SL (GIH SL) junto con su amigo Jacobo Gordon Levenfeld, uno de los condenados de la Gürtel (y socio a su vez de Alejandro Agag). Los datos de la empresa serían modificados el 16 de junio de 2014 y ahora Jacobo Gordon aparece como único administrador.

En 2003 figuraba como arquitecta en unos planos. Durante ese año se encuentran irregularidades hasta en 13 proyectos en Madrid.

Plano de una segregación y reforma de una nave industrial donde se construyeron tres lofts de forma ilegal y con la firma como arquitecta de Rocío Monasterio, en 2003, cuando todavía no tenía el título.

La familia de estafadores comenzaba este año con el timo de la venta de lofts ilegales:

en 2003 vendieron como intermediarios tres apartamentos construidos en una antigua fábrica de pan de Ventas (suelo industrial) prometiendo a sus compradores que ellos se encargarían de validar la licencia de habitabilidad aprovechándose de sus contactos en el Ayuntamiento de Madrid, pero no fue así y Urbanismo obligó a los estafados a desalojar sus inmuebles, según desveló El País, con información de los periodistas Juan Diego Quesada e Iñigo Domínguez y fotos del fotógrafo Víctor Sainz.

En ese mismo año (11 de marzo de 2003), de hecho, aparecía en medios de derechas, como El Mundo, como la «arquitecta» que había transformado la que era su casa y estudio «de taller de coches a loft».

De hecho, aún conserva en su cuenta de Pinterest con el nombre «Rocio Monasterio y Asociados», de la que por lo visto se olvidó, la publicación de 2002 de ese artículo en El Mundo junto con las demás fotos de las obras que realizó como arquitecta sin serlo, incluidos los lofts ilegales.

En 2004 de nuevo firmaba un certificado de obra como «dirección facultativa» en un proyecto en la calle San Marcos, en Madrid. Un trámite que solo puede autorizar un arquitecto. Este era el 4º de lo casos que se conocían en 2019 donde firmaba obras sin tener la titulación.

Por ejemplo, según consta en las distintas páginas, derribo de muros de carga, colocar cargaderos de acero, desmontaje y demolición de forjados de hormigón e instalar una estructura metálica. Pero es que además ni siquiera tramitó la licencia de obra necesaria para una obra mayor de ese calibre. Simplemente comunicó actuaciones de trabajos de poca monta. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid le exigió más información, que nunca llego a aportar.

Gracias a las declaraciones de los estafados con los tres «lofts» que vendieron entre 2003 y este año, sabemos por El País que:

…dos de los tres compradores que adquirieron los locales sobre plano se sintieron «engañados» por los dirigentes de Vox. Según explican, en principio, él parecía el propietario de la nave y les implicó en la obra como promotores. Solo descubrieron que era un intermediario el día de la firma de las escrituras. «Ese era el engaño: asumir la condición de promotores engañados. Luego los sobrecostes, la paralización que hubo de la obra, todo recayó sobre nosotros, los compradores. Nada sobre la empresa que lo vendía. Cuando en realidad habíamos comprado a precio de vivienda, no es que fuera un chollo. Ellos no pusieron ni un duro. El mismo día del notario nos enteramos de que Iván había firmado un contrato privado con la dueña de la nave y nosotros le comprábamos directamente a ella. Si lo que yo compré valía unos 500.000 euros, calculo que le pagué 250.000 a la señora, y después 100.000 a Iván y 100.000 a Rocío. Hicieron una jugada maestra», dice uno de los compradores.

En 2005 tramitó un estudio inicial con siete planos visados por el Colegio de Aparejadores.

En ese mismo año, tal y como expusieron en El País:

la empresa que empezó el litigio contra Monasterio por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en la calle San Marcos descubrió al preparar el pleito que no era arquitecta. De hecho, pidió información al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que le envió un certificado, con fecha del 4 de noviembre de 2005 y al que ha tenido acceso este periódico, en el que constataba que Monasterio no estaba colegiada. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España también confirmó que no figuraba en sus archivos. Un portavoz del COAM confirma que se recibió la petición de información, pero es un trámite que no obliga al colegio a abrir una investigación por intrusismo, pues reciben continuas solicitudes de certificación. Para eso hace falta una denuncia y al COAM no le consta que se presentara. Actualmente el COAM investiga a Monasterio tras una denuncia de Más Madrid y debe pronunciarse en las próximas semanas.

Carta del COAM de 2005 que certifica que Rocío Monasterio no era colegiada en aquella época.

Entre 2007 y 2008 mediante su empresa RMYL SL construyeron un bloque de ocho lofts en el solar de una vieja fábrica de plásticos del centro de Madrid sin una licencia de obra, según la información recogida en el expediente municipal del edificio.

En ese año (2007) le veríamos aparecer con otro implicado y condenado en la Gürtel:

Espinosa compareció en rueda de prensa para presentar el fondo Varsovia II CB, un lanzamiento de gestión Aris (especializada en productos inmobiliarios). Operaba en Polonia y, en la rueda de prensa, compareció junto con Rubén Llavona, Secundino F. Velasco y Andrés Guillamot.

Éste último, en aquella época, hacía las veces de asesor fiscal. Una actividad que le costó una condena. ¿El motivo? Facilitar el fraude fiscal con respecto al pago de sociedades en 2005 y 2008.

De hecho podemos ver la noticia en la hemeroteca de elEconomista:

En un litigio durante un juicio en febrero de 2008 por incumplimiento de contrato, en el que no se valoraba el tema que se expone aquí, Rocío Monasterio, admitió ante un juez de primera instancia de Madrid que no era arquitecta y que había trabajado sin licencia, según refleja la grabación de la vista de oral.

 

En 2009 firmo otros dos contratos. Sin embargo, Monasterio no se colegió hasta el 21 de diciembre de 2009, fecha en la que se inscribió en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), un requisito necesario para poder ejercer y firmar proyectos y que no había hecho hasta entonces. El proyecto de fin de carrera (PFC) lo presentó en octubre de 2009.

Alguno presupondría que, a partir de aquí la señora marquesa de ascendencia cubana esclavista haría las cosas legalmente. Sin embargo…

Monasterio, que actuó como arquitecta de 2002 a 2009 sin tener el título, tramitó planos con el visado falseado en una petición de licencia que presentó en el Ayuntamiento el 20 de julio de 2016. Fue registrado a las 9.35, según consta en la solicitud. Ella misma, que entonces ya estaba en Vox, estampa su firma de puño y letra al final del documento.

Sello del Colegio de Aparejadores de 2005 que fue reutilizado en los años siguientes (i) y firma de Monasterio en una petición de licencia (d) que registró planos con ese sello en julio de 2016. EL PAIS

Tal y como se expuso en El País:

En el contrato nunca ponían “vivienda”, sino “local”, que es lo que era. Pero tenían cocina, baños y lo vendían a precio de vivienda. De ese modo ahorraban tiempo (el que requiere el cambio de uso, que de todos modos en muchos casos era inviable) y, sobre todo, ganaban más dinero.

Por ejemplo, si en el caso de su obra en la calle Pedro Heredia, 6, de la capital hubieran tramitado legalmente un  cambio de uso a residencial, el suelo edificable se habría reducido a la mitad en caso de volver a levantar el edificio, de 900 a 450 metros cuadrados. Es decir, en vez de ocho lofts se habrían quedado en cuatro. Y si hubieran conservado el inmueble, otra posibilidad con un plan especial, deberían haber pagado al Ayuntamiento hasta un 10% de los beneficios. En las operaciones conocidas del matrimonio de dirigentes de Vox vendieron sus lofts por precios en torno al medio millón de euros. En el caso de uno de la calle Amalia, 19, su beneficio fue de 156.000 euros, según la documentación de la obra.

La construcción de estas falsas viviendas en suelo industrial era una práctica ilegal, perseguida por el Ayuntamiento de Madrid, que proliferó en esos años de descontrol inmobiliario, cuando Monasterio y Espinosa se subieron a esa ola.

Resultado…

En 2020 el Colegio de Arquitectos de Madrid abrió una investigación por intrusismo contra ella.

Ese año el actor y presentador televisivo Arturo Valls, por uno de los lofts en la calle Rodas 7 de Madrid, presentó una demanda contra Monasterio. Otra de las víctimas famosas de Monasterio fue Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid y vicepresidente de esta comunidad autónoma, que vivió cerca de cuatro años en uno de los loft ilegales. Su padre, que fue presidente de la comunidad de vecinos, compró uno de los lofts en 2007 y acabó denunciando, como el resto de los propietarios, a la familia Monasterio y Espinosa. Aguado no quiso hablar de su caso, pero confesó que había una denuncia colectiva contra Monasterio.

Llega lo bueno, para que luego digan que la justicia funciona y que hay separación de poderes:

Todos las demandas (entre 2005 y 2011) prescribieron. Todas, menos una por falsedad documental de 2016, por usar como hemos expuesto un visado falseado de 2005, que acabará en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM):

Más Madrid presentó el 17 de enero de 2020 la denuncia por la presunta «falsificación» de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso del listado de supuestas «irregularidades» que salpica a Monasterio que no estaría prescrito.

Antes de presentar la denuncia, el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo explicó que en 2005, según la información de la que disponen, una aparejadora que trabajaba en el estudio de arquitectura de Monasterio pidió al Colegio de Aparejadores un visado para la reforma de un loft, que fue obtenido “legalmente”. Las irregularidades habrían aparecido cuando Monasterio fotocopió ese visado para seguir utilizándolo. Así lo hizo, ha señalado Calvo, en una nueva versión de la reforma de ese loft fechada en 2011, y que constituía un proyecto «totalmente diferente» al que había firmado en 2005, por lo que a juicio de Más Madrid debería haber sido avalada por un nuevo visado.

En un giro «inesperado» de de los hechos, el 25 de junio los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM inadmiten a trámite la querella de la Fiscalía por un sorprendente exceso de falsedad «al no reunir los hechos relatados los caracteres del delito de falsedad documental atribuido a la querellada«.

La Fiscalía sostenía en su querella que Monasterio incluyó en dos ocasiones en los planos que presentó ante el Ayuntamiento de Madrid para la obtención de una licencia de obras en un inmueble, «una fotocopia en blanco y negro del sello visado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid de un primer proyecto en ese mismo inmueble del año 2005», en vez de los preceptivos sellos visados que requiere cada nuevo proyecto.

Lo hizo, según el fiscal, «con la intención de darle a los planos la apariencia de estar debidamente visados, una utilización fraudulenta», que constituía, a su juicio, un delito de falsedad en documento público.

Por lo visto la sala del TSJM archiva la querella impulsada por la Fiscalía no porque fuera legal y auténtica la documentación y Monasterio inocente sino porque, según el TSJM ¡la falsificación era «demasiado burda»!

para que exista falsedad material «es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error».

Para los magistrados, en este caso se está ante «una falsedad burda o grosera», que precisamente por ello priva al soporte material de toda posibilidad de producir un efecto jurídico.

Según el TSJM…

 «es difícil comprender, a la vista de la palmaria inidoneidad de la estampación de la imagen del visado, qué pretensión pudo albergar quien llevase a cabo esta operación, pero lo cierto es que, desde el punto de vista penal, a los efectos de la consideración de los hechos en relación con el delito de falsedad, la tosquedad del proceder no permite afirmar la entidad penal de los hechos».

«No resulta concebible que la inserción fotocopiada y de escasa calidad del visado de 2005 en los planos que se aportan en 2016 pudiese generar apariencia alguna de autenticidad»

Pero no es el único caso: un mes antes (en febrero) el mismo Tribunal absolvía a Cristina Cifuentes (PP, socio de VOX) por el caso Master. Por lo visto para dicho tribunal no quedó probado que «impulsara, sugiriera o presionara» para conseguir su título de master falso. Según ellos:

«la pretendida virtualidad probatoria de los indicios o razones ‘velados’ o ‘encubiertos’ que expone la fiscalía para dar por probada la intervención en los hechos de Cristina Cifuentes es inhábil, pues estamos en presencia de meras hipótesis, insuficientes para determinarla con la certeza que una sentencia condenatoria requiere«.

Por lo visto, sin con Monasterio la falsificación era demasiado falsa, con Cifuentes no se podía probar que la interesada en tener un título fuera ella, la beneficiaria del mismo. Por lo cual, por las mismas razones por las cuales se condenaba a sus facilitadoras Cecilia Rosado y a Teresa Feito a uno y medio y dos años e prisión, a Cristina Cifuentes (la beneficiada en obtener el título) la consideraban totalmente inocente. La sala la presidían en ambos casos (Monasterio y Cifuentes), por supuesto,  los jueces conservadores Celso Rodríguez PadrónLuis Carlos Pelluz respectivamente.

Tal y como explicó una jurista en twitter:

«Que sea de mera actividad significa que no hay que esperar a que la falsedad cuele y entre en el tráfico o no cuele, sino que simplemente con cometer la alteración ya habría delito».

«Pero la jurisprudencia (STS 723/2010 23 julio) exige además el requisito de que, para que sea delito, la falsedad debe ser «capaz de producir engaño en aquel preciso ámbito en el que deba surtir efecto el documento alterado», siendo atípica ‘cualquier falsedad burda o grosera’».

Pero eso y las declaraciones de la Fiscalía le dieron igual al TSJM, que rechazó readmitir la querella por parte de la Fiscalía (recurrible al Supremo). Por suerte no todo lo tiene que juzgar el TSJM donde preside a nivel autonómico y local la derecha (PP y VOX).

Finalmente, Rocío Monasterio, fue condenada en 2023 por la obra ilegal en el ‘loft’ del presentador Arturo Valls. La Audiencia Provincial de Madrid considera que la líder de Vox en Madrid realizó los trabajos en 2005 siendo “consciente de su ilegalidad”.

La empresa de Monasterio se encargó de solicitar la licencia, pero se olvidó de tramitarla, mientras seguían con las obras, y no contestaron tampoco a las exigencias que les llegaban desde la Junta Municipal del Distrito Centro de la Comunidad de Madrid.

A pesar de ello, en la página web -ahora deshabilitada- de la empresa se podía leer que «se tramitó el cambio de uso a vivienda». Además, mostraban la rehabilitación del loft como reclamo: «En pleno Rastro de Madrid encontramos un local en pésimo estado, repleto de estanterías y de objetos almacenados que no permitían ni apreciar el espacio».

El Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid declaró el incumplimiento contractual del contrato de la consultoría firmado por Pólvora Films S. L. con la demandada Rocío Monasterio y Asociados S. L. y Diseño de Ambientes para el Confort S. L. Tras esto, Monasterio recurrió.

A consecuencia de ello, la Audiencia Provincial, en noviembre de 2022, argumentó que «corresponde a la parte apelante, como profesional, no iniciar dichos trabajos sin la obtención de dichas licencias». Por lo que el tribunal desestimó la apelación y confirmó la condena.

Ahora, la sentencia sanciona a los demandados Rocío Monasterio S.L y a la empresa de construcción Diseño de Ambientes para el Confort S.L a pagar de forma solidaria un montante económico de 8.043,49 euros. Por un lado, 3.838,49 euros pertenecientes a la sanción administrativa urbanística impuesta, y por otro, 4.205 euros correspondientes a los costes de demolición.

El fallo especifica también que ambas empresas deben remendar los daños ocasionados y adecuar el local dentro de un plazo de tres meses.

Fuente: Público

 

Empezamos con las sentencias «Espinosas» (2013 – 2022)

El 17 de diciembre de 2013 les cierran el grifo al chiringuito de la fundación, lo cierran y ese mismo día fundan su siguiente chiringuito: VOX.  Entre sus fundadores, además de Santiago Abascal, Jose Antonio Ortaga Lara, Ignacio Camuñas Solís,  Jose Luis González Quirós y muchos otros (la mayoría relacionados con Aznar) también se encentra Iván Espinos de los Monteros.

El 9 de enero de 2014 Iván Espinosa de los Monteros crea y registra la web oficial de VOX (www.voxespana.es) a través de su empresa inmobiliaria Metaphore Project Management SL (MPM SL) con domicilio en la misma calle que la empresa a nombre de su mujer RMYA SL. pero cambiándole el nombre a Premium Capital Management SL (PCM SL) a pesar de que ya existía otra con dicho nombre en Nueva York. Como siempre, la empresa de Espinosa carece de empleados y de la que es el único  «socio director» y administrador. Cuando infoLibre pregunta por esto en 2018 a través de los datos de contacto de su web oficial www.premiumproperty.es que irónicamente registró a nombre de MPM SL (y ya borrada hace años pero que puede verse en caché) y por qué registró la web del partido en vez de por el partido a través de su empresa la excusa que da el partido fascista es que «Es una chorrada»:

 «La elección del nombre llegó antes que la constitución del partido, así que cuando reservé el dominio aún no se podía poner a nombre de un partido que todavía no existía. El dominio se reservó por cinco años, plazo que se cumple en estas fechas. Por ese motivo, la titularidad de la web está en estos momentos en tránsito hacia el partido. Respecto a mi actividad privada, no tengo ningún comentario que aportar»

Lo curioso es que esa empresa inmobiliaria y sin empleados, a partir de entonces, duplicaría sus ingresos exponencialmente:

  • En 2016 obtiene unos ingresos de 90.000 euros.
  • En 2017 duplicó con creces su cifra de negocio, que superó los 463.000 euros, y su beneficio contable fue de algo menos de 18.000 euros. A cierre de este año tenía un pasivo de 1,8 millones de euros.
  • En 2018  tenía en su pasivo 3,3 millones de euros.

Con Citrum SL pasaría exactamente lo mismo. Tal y como exponían en eldiario.es la empresa triplicó misteriosa y mágicamente sus beneficios en solo un año:

la que mayor facturación declaró en 2018: 1,88 millones, frente a 492.385 euros en 2017. Sus beneficios se triplicaron, hasta 563.541,1 euros, y sus activos alcanzaron casi 3,3 millones (1,2 millones un año antes), tras pasar sus deudas con la banca de 0 euros a 1.521.369,09 euros. La mayor parte de esos activos (casi 3 millones) son inmuebles que “se poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas”.

Quédense con esos años, 2017 y 2018, porque durante ese año (2017) el padre, Carlos Espinosa de los Monteros viajaría al Reino Unido. La excusa era mantener relaciones diplomáticas y comerciales tras el Brexit.

El comercio bilateral entre España y el Reino Unido los dos países superó en 2016 los 30.000 millones de euros (con 8.000 millones de superávit para España) y Reino Unido es el principal destino de las inversiones españolas en Europa, con un stock de 82.500 millones hasta 2015. En Reino Unido al menos 140.000 empleos directos dependen de inversiones españolas.

… el Rey que destacó en su intervención que “Es de suma importancia que nuestro futuro marco de relaciones establezca las condiciones de una relación económica y comercial más estrecha intentando minimizar futuros obstáculos y barreras”.

Y justo un año después (2019) su hijo, Iván Espinosa acudiría a Londres para reunirse con grupos financieros proBrexit e internacionales. En parte porque tras el Brexit el propósito es convertir Inglaterra en otro paraíso fiscal y en parte para no asustar a los grupos financieros.

Según la sentencia de 2019 (punto 8º) PPH6 SL, la empresa de Espinosa antes de 2012 no tenía capital ni tenía propiedades y tan solo disponía de los ingresos que realizaba el propio diputado como cliente. Siguiendo con la actividad de PPH6 SL:

En 2013, fue de 999.441 euros

y en 2014, año de la primera sentencia, fue de 363.650 euros.

3º.- Tras firmar el acuerdo del contrato con RUE SL (reconocido por PPH6 SL)  y finalizar las obras que el contratista realizó, al este dirigirle las facturas a Espinosa de los Monteros vio cómo el 90% de sus facturas eran giradas.  Motivo por el cual la empresa RUE SL reclamó el pago por sus trabajos ante el juzgado de lo civil.

4º.- El 3 de noviembre de 2014 el Juzgado de Primera instancia número 10 de Madrid condenó a Pedro Heredia 6 SL (la sociedad de Espinosa de los Monteros) a pagar 74.108 euros, más los intereses, a RUE SL.

5º.-  La sociedad administrada por Espinosa de los Monteros recurrió esta condena en la Audiencia Provincial de Madrid, que el 30 de marzo de 2015 la ratificó, rechazando así el recurso de Espinosa aunque rebajándola a 57.038 euros, al haberse hecho cargo PPH6 SL por fin de varias facturas. Pero Espinosa de los Monteros (PPH6) nunca pagó esta deuda.

En 2015 su empresa, sorprentendemente, se quedó de nuevo en 0 euros y al año siguiente se declaró en concurso de acreedores.

6º.- El 23 de junio de 2016, para librarse de pagar (véase el punto 8º), Espinosa de los Monteros declaró su SL en concurso de acreedores. La empresa perjudicada decidió entonces demandar a Espinosa de los Monteros, argumentando que él era el responsable de esa deuda al ser el propietario real de esa vivienda.

7º.- El 4 de septiembre de 2018 el Juzgado de Primera instancia número 36 de Madrid dio la razón al demandante (RUE SL) y condenó a Iván Espinosa de los Monteros a pagar de su bolsillo y con intereses el dinero que dejó a deber su empresa «quebrada». En total, unos 63.183 euros más los intereses devengados a Rehabilitación, Urbanización y Edificación SL (RUE). También aplicó la «doctrina del levantamiento del velo” (usada para evitar que un tipo, una persona física, use su empresa, la persona jurídica, como refugio para evitar pagar una deuda). Espinsa entonces presentó recurso alegando que la «doctrina de velo» se estaba aplicando mal en su caso.

En marzo de 2019 veíamos en los medios que Espinosa se reunía con fondos financieros en Londres, entre los cuales se encontraban los que provocaron la crisis de 2008 por especulación inmobiliaria y financiera:

Espinosa se ha reunido con algunos de los grupos financieros más importantes con sede en Londres. Según explica Amparo Polo, corresponsal en Londres de Expansión, el representante de Vox se ha reunido en Londres con fondos de inversión como AMP Capital, Otus, Columbia Thrednnedle y Natixis.

El medio online La Información va más allá y publica que, según testigos presenciales, Espinosa tuvo una reunión en una residencia del lujoso barrio de Chelsea con una “treintena de representantes de las finanzas londinenses, algunos de ellos españoles”, entre los que había “directivos de HSBC, Goldman Sachs, Citi o UBS, entre otros, así como de firmas industriales o del mercado inmobiliario”.

El 21 de mayo de 2019 se convierte además de Portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados en Diputado en las Cortes Generales, cobrando un sueldo de 112.243,18 € al año. Unos aproximadamente 8000 euros al mes.

8º.- El 13 de junio de 2019, el tribunal de Segunda instancia  sentenció que la doctrina de velo “se aplica correctamente y por ello el motivo del recurso debe ser desestimado”. Confirma que Espinosa usó la empresa ad hoc únicamente para reformarse su mansión:

“De todos estos hechos probados, podemos concluir que si bien la sociedad PPH 6 se creó por el demandado como socio único para aprovechar la actividad de su mujer (arquitecto de profesión con sociedades en actividades propias de su profesión), ofreciendo a los clientes los servicios de construcción, y demás gremios, en el 2012, cuando ya no tenía ninguna actividad, pues así lo reflejan las cuentas de la sociedad y el informe pericial, la utiliza el propio socio administrador para contratar la construcción de su propia vivienda, siendo la única actividad que consta en ese año

La Audiencia Provincial sentenció que, el ahora diputado, Espinosa de los Monteros, “no actuó conforme a la diligencia exigida” cuando cerró la empresa sin saldar su deuda. “La justificación alegada por el Sr. Espinosa para presentar el concurso constituye una actuación contraria a la buena fe que debe presidir en el cumplimiento de los contratos”, añade el escrito, que concluye que “declarar su insolvencia dejando pendiente la deuda” indica “un fraude de acreedores”. Le recuerda además que cerró su empresa cuando ya había una sentencia emitida que le condenaba a pagar su deuda con RUE SL.

9º.- En septiembre de 2019 la portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, advertía que el proceso de clausura del chalé de cuatro plantas del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y de su homóloga en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, «se llevará hasta el final» si no regularizan la situación que se les exige.

«Tienen que regularizar la situación. El proceso administrativo ha concluido, y si el 8 de octubre no se ha producido, como muchas otras situaciones, se procedería a ese precinto»

En resumen: carecía de licencia de primera ocupación y funcionamiento al carecer de permisos. 

10º.- La familia fascista tuvo que tramitar una nueva licencia para su vivienda y el 8 de octubre de 2019 los técnicos del Ayuntamiento de Madrid (gobernado por el PP y VOX) certificaron que su «casoplón» era «residencia familiar con menores» y que Monasterio no realizaba actividad alguna en su sótano como arquitecta.

Según fuentes de Desarrollo Urbano los técnicos quedaban a la espera de «la resolución del nuevo proyecto de licencia que han presentado para ajustar la casa a la legalidad» Proceso que podría durar en torno a un año hasta que se completara y en el que, durante el transcurso del mismo, podrían seguir habitando en la vivienda. Una vez concluido todo el proceso, si todo era correcto se aprobaría «y tendrán que ejecutar las obras pertinentes» para «anular aquellos elementos de la vivienda que se hicieron mal en su día».

 

El 17 de marzo de 2021, a puertas de las elecciones y con la necesidad de aprobación de los presupuestos, el área de Urbanismo del Consistorio del Ayuntamiento de Madrid (gobernado por el PP) confirma que los técnicos municipales realizaron la última inspección el pasado miércoles, concediendo pues la licencia de ocupación de su propia vivienda tras acometer las obras necesarias a la familia Monasterio y Espinosa. La jugada la salió mal al alcalde del PP y VOX no aprueba sus presupuestos porque por lo visto VOX ya tenía prevista una estrategia para las elecciones.

11º.- El 24 de noviembre de 2021 el Tribunal Supremo establece como sentencia firme y en la que «no cabe recurso» que Espinosa de los Monteros debe pagar a RUE SL 63.183 euros más intereses. Se confirma así, de nuevo, la condena contra él por impago de una deuda a RUE SL. Impago que se ocasionó porque Espinosa de los Monteros, según según se constató, quería librarse de pagar a la empresa contratista que le hizo la reforma de su mansión.

Pese a la condena y las confirmaciones, pasaron más meses y Espinosa seguía sin pagar. Así que, ante el moroso…

12º.- El 21 de marzo de 2022 el Juzgado de Primera instancia Número 36 de Madrid decretaba el embargo de “sueldo, salario y demás emolumentos” que percibiera el diputado de ultraderecha del Congreso de los Diputados.

Y un así, aún pasaron días para que al diputado no se le ocurriera mejor cosa que hacer que excusarse públicamente el 28 de marzo, ante la noticia en los medios de su embargo con que la que seguramente se encontró nada más amanecer, que analizaremos a continuación.

Chulería y prepotencia facha y la ola de excusas absurdas

Monasterio y el «mira mi título»

En 2019 la «arquitecta» se dedicaba en Twitter a responder a usuarios aportando cosas irrelevantes, como cuando se mofaba de un usuario mostrando su título, ante la defensa de los palmeros que la seguían sin cuestionarla lo más mínimo y transponiendo en sus oponentes ideológicos, sin que estos ni ella pudieran responder a la cuestión principal: que no era si tenía título para ese año (2009) sino cuando emitió las licencias, entre 2002 y 2008, o por qué usó su sello falso de 2005 en 2016.

Lo irónico es que con esa foto de su título demostraba, de nuevo, que las acusaciones contra ella por ejercer de arquitecta antes de serlo eran ciertas.

Monasterio y su «no recuerdo si era arquitecta»

Ahora no recuerda si era o no arquitecta durante esos años porque, pobre Monasterio, trabajaba mucho mientras estudiaba. Pero desde 2003 hasta 2009, antes de sacarse su título, presumía de su trabajo como «arquitecta» en revistas y periódicos como El Mundo. Precisamente, de los lofts que ambos, Espinosa y Montero construyeron de forma ilegal.

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También, por si fuera poco lo anterior, falseó en su currículum la fecha en la que acabó su carrera.

No solo no recuerda si en 2003 era arquitecta (eso el 28 octubre de 2019: luego al día siguiente la recuperaba y lo admitía) sino que la alumna ejemplar se dedicó a defenderse alegando en 2019 que no todos los planos tenían que ser validados, al mismo tiempo que acusaba a la oposición de inventarse lo que ella mismo confirmó en los tribunales en 2008  y de lo cual podemos ver en los documentos aquí expuestos.

 

La ironía y la hipocresía

A fecha de 8 de octubre de 2019 en OKDiario aparecía lo siguiente:

En Rocío Monasterio ha criticado este martes que hubiese cámaras de televisión a las puertas de su domicilio cuando ha salido de la mano de sus hijas menores de edad y ha pedido «una reflexión» sobre por qué sus hijas «tienen que ser grabadas cuando van al colegio».

Y el 15 de octubre de 2020 aparecía en la siguiente noticia, la de la expulsión de VOX a los acosadores de Pablo Iglesias e Irene Montero en su chalet de Galapagar, una concejala de VOX y su marido también afiliado,  la siguiente declaración de VOX presumiendo de rapidez en actuar:

Vox subraya que ha tardado solo doce horas desde el conocimiento de los hechos hasta la expulsión de los implicados. Y denuncia que mientras Podemos «lleva meses bloqueando» la investigación sobre abusos de menores en centros de acogida en las Islas Baleares.

Pero resulta irónico lo de la «rapidez» y de que no se enteraran antes, cuando la noticia sobre dicha concejala ya era conocida por los medios:

El 9 de junio de 2020: La concejala de Vox en Galapagar que lidera el acoso a Iglesias: «Te va más comer polla».

El 25 de agosto de 2020: La Fiscalía de Madrid no ve delito en la concejal de Vox que acosa frente a la casa de Montero e Iglesias.

La concejal de VOX llevaba meses acosando a la familia de Iglesias en la puerta de su casa junto con militantes de extrema derecha y afines a VOX y hasta fue querellada, noticias que salieron en los medios y de lo cual en VOX se sabía.

Además de la ironía de la «rapidez» está la de que una diputada se queje del «acoso» de unos medios a su familia ante la noticia por las irregularidades e ilegalidades cometidas por ella y su marido durante unos pocos días pero no de las que sufre otra familia de políticos durante meses incluso por concejales, militantes y simpatizantes de su partido fascista. No solo eso sino que incluso la diputada fascista pormenorizaba y negaba en directo y en un programa en el que iban a debatir ella y el acosado, Pablo Iglesias, que según ella las amenazas de muerte que este recibió eran falsas.

Espinosa y su «no sé donde tengo que pagar»

Tras conocerse públicamente la sentencia de embargo, Espinosa de los Monteros corrió raudo y veloz al único sitio donde le hacen caso, ya que en los tribunales no tuvo éxito: a twitter. Ahí dedicó un hilo para justificarse como poco más que la víctima ganadora de un complot de la izquierda por inculparle. Entre las excusas que dió, veamos una por una y comparémoslas con la  realidad.

1ª. Que el Supremo no le condenó:

Claro. No le condenó. Solo sentenció que la condena que ya había contra él, ante su recurso, debía cumplirse. En resumen: confirmó la condena.

2ª Que la justicia le daba la razón a él:

FALSO. La cantidad reclamada y sentenciada por vez primera  era de 74.108 euros (punto 4º) y la anterior al Supremo fue finalmente de 63.183 euros más los intereses por las costas (puntos 7º y 11º). Eso no es una rebaja del 75%.

3º. Que «la sentencia antiguas» provenía de la «mala fe» de la empresa que le demandó:

FALSO. No era «antigua» dado que fue ratificada por otras posteriores y no era «un procedimiento civil abierto de mala fe». De hecho,  en la sentencia de la Audiencia Provincial de 2019  quedaba constatado que fue Espinosa el único quién sí actuó «de mala fe» (punto 8º).

«utilizó la sociedad para su beneficio en perjuicio de terceros, e igualmente consideró que había un enriquecimiento injusto».

FALSO. Una fullería es según el RAE Trampa y engaño que se comete en el juego. Las sentencias constatan que quien actuó con engaño y con la intención de estafar fue Espinosa (puntos 8º y siguientes, hasta el Supremo)

FALSO. De lo que quedó absuelto no fue del caso por lo que se le acusaba sino por otro y por otras razones (el expuesto de 2007).

FALSO. Lo que pretendía RUE SL es cobrar el dinero que Espinosa le dejó a deber. Motivo por el cual todas las sentencias le condenaron a pagarlo.

4ª. Que no sabía donde pagar:

Esta es sin duda la «mejor» excusa, merecedora del titular: «Promotor y empresario inmobiliario, político y diputado desde 2014, con gestores y abogados, no sabe donde tiene que pagar una deuda  tras todas las sentencias judiciales que le condenan a hacerlo desde ese mismo año».

Pero lo peor de todo no es eso, que ha sido lo más sonado, sino que mintió con respecto a su estafa y su estafado.

5º.- Que ya ha dicho que acata y paga pero no sabe donde:

De un caso donde el deudor es él, tras quedado constatado que quebró a cosa hecha su SL para no pagar, que recurrió todo lo que pudo durante años y que al final incluso intentó eludir el pago tras la sentencia del Supremo, se pinta en redes ante su séquito que si no ha pagado es porque los perjudicados con él parecen no querer cobrar lo que él les debe.

6ª. Que la orden de embargo «carece de fundamento jurídico»:

Por último, esto también es FALSO: el embargo se produjo porque la casa no era suficiente como aval al considerar el juzgado  “insuficientes” tales bienes, según la sentencia.

Por supuesto, el que quería pagar, confirma tras habérsele embargado su sueldo, que «recurrirá» dicho embargo porque según él, que «quiere pagar» y es experto en tramitaciones legales pero que «no sabe» donde pagar, la sentencia «carece de fundamento jurídico».

Un poco más, como dije, y Espinosa se ha pintado ante su feligresía como el ganador que siempre cumple con sus deudas. Como los Lannister. Pero como a la familia Lannister, a los católicos Espinosa de los Monteros lo de estafar se ve que les viene de tradición familiar, no podía faltar su implicación en otro caso que veremos a continuación.

La famiglia Espinosa e Iván el extorsionador suplente (2016 – 2019)

Además del pasado fascista de la familia Espinosa de los Monteros, está ya mostraba otro tipo de tradición: la empresarial de la derecha en este país, lastrada desde la época del dictador. Época de nostalgia para la clase a la que pertenecen los marquesitos de esta familia por la cantidad de bienes y beneficios que consiguieron operando de la misma forma que ahora muestran.

1959 – Familia de evasores fiscales

En 1956 aparece la primera lista de multados de España. La Fundación F. Franco presumía de ella para exponer a aristócratas catalanes en su web, pero no contaban que entre los listados también aparece un familiar de la saga Espinosa de los Monteros, marqueses de Valtierra:  Juan Espinosa de los Monteros y Bermejillo, familiar por parte paterna de Iván. Si siguiendo la tradición  familiar militar, aparecía en 1939 siendo admitido en el Curso Preparatorio para ingreso en el Cuerpo General de la Armada en el BOE. O que luego, en 1951, se disponía que el ya Teniente ‘de Navío D. Juan Espinosa de los Monteros y Bermejillo cesara en la situación de «disponible voluntario» y pasara a la de «supernumerario», a partir del 20 de diciembre de ese año según el BOE de la época. Luego aparecería en el BOE del 9 de marzo de 1959 (el documento puede ser descargado en este enlace) siendo multado en esa época a 15.000 pesetas por Delitos Monetarios con objetivo de la documentación intervenida al súbdito suizo.

1987 a 2009 – De tal palo tal «Espinosa»

El 28 de diciembre de 1987 el padre de Iván, Carlos Espinosa de los Monteros crea la empresa EGRYC SA. Cuyas últimas cuentas son de 2004.

Empresa cuyo socio es su mujer, María Eugenia de Simón y de la cual más tarde sería socio el propio hijo, Iván. Sociedad que aparecería en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cuestiones como:

Las «notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos» (BOE del 28 de septiembre de 2007)

La “notificación de embargo de cuentas bancarias” (BOE del 4 de junio de 2008)

Las notificaciones por incomparecencia ante Hacienda (BOE del 4 de septiembre de 2009)

O por “requerimiento a no declarantes por impuesto de Sociedades” (BOE del 24 de abril de 2009).

2016 – La familia echa a los residentes de un edificio de su propiedad mediante la extorsión para poder venderlo a una empresa de un miembro del PP

Ya como habiendo sido fundado VOX años atrás, nos enteramos de que una de las funciones que desempeñó Iván para su familia fue la de extorsionar, tal y como lo define el diccionario Espasa-Calpe:

  1. tr. Obtener una cosa de alguien por la fuerza o con intimidación.
  2. Causar daño o perjuicio.

En 2019 el empresario Juan Carlos Grande demandó a sus tíos, Paz y Jorge Espinosa de los Monteros, por estafar: por unos trabajos que hicieron en un edificio de Madrid para, supuestamente, forzar a los inquilinos a marcharse y poder vender el edificio.

Les reclama a la familia 275.000 euros, ha informado la Cadena Ser. Este inmueble se encuentra en el número tres de la calle General Castaños, al lado del Tribunal Supremo, y algunos medios calificaron en su día la operación inmobiliaria como la venta del edificio «más caro de España». Cuando todas las personas que residían allí abandonaron su vivienda, este fue vendido por la familia Espinosa de los Monteros al grupo Mabel por 25 millones de euros.

el intermediario de la operación fue Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, aunque este no figura entre los demandados. El empresario demandante ha revelado al juez que los propietarios del edificio se inventaron una Inspección Técnica del Edificio (ITE) y unas obras «para empujar a los inquilinos a abandonar el edificio«. Las obras conllevaban, entre otras cosas, la inhabilitación del ascensor o el corte de la energía eléctrica de forma indefinida. 

Grande fue resolviendo los contratos de alquiler de todos los habitantes del edificio hasta que solo quedó una vecina. Esta mujer se puso en manos de un abogado que remitió un escrito en agosto de 2016 en el que aseguraba que las obras que se estaban realizando se basaban «en un expediente de ITE inexistente y que no tienen más objeto que presionar a mi cliente para que abandone su vivienda en un comportamiento claramente coactivo y de acoso inmobiliario«.

Semanas después, los Espinosa de los Monteros apartaron al empresario de esta negociación para que se encargara de ella su sobrino y dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, motivo por el que el demandante considera que se ha incumplido su contrato y pide por ello 275.000 euros a la familia. 

En resumen

En 2016 los tíos de Iván Espinosa de los Monteros, el dirigente de Vox y actual portavoz en el Congreso del partido ultraderechista, llegaron a un acuerdo con el Grupo Mabel, propiedad del hijo del exministro Abel Matutes (PP), para venderle un edificio de su propiedad. Pero antes los inquilinos debían abandonar el inmueble (imagen del edificio abajo).

El demandante, familia de los Espinosa de los Monteros, se encargaba de acosar a las familias del edificio perteneciente a los Espinosa para que estas se fueran y así poder vender el edificio por 25 millones de euros. Cuando solo quedaba una inquilina por echar, dado que por lo visto no lo conseguía, la familia Espinosa le sustituyó por su primo: el diputado de VOX, Iván Espinosa de los Monteros. Motivo por el cual el demandante reclama a su familia, los Espinosa de los Monteros, la cantidad equivalente a la comisión que él se habría llevado por el acoso para el que le contrataron: unos 275.000 euros.

 

Fuentes y referencias

Todas las fuentes se incluyen dentro del artículo con sus correspondientes enlaces. Este artículo solo es una recopilación y ordenación por fechas de todas las noticias publicadas en los medios citados y referenciados, en los cuales se incluyen más fuente e información. Por lo que se recomienda verlos y comprobarla, si uno desea. Toda la información expuesta es pública, al igual que las imágenes usadas en el mismo.

Notas

Estos son los trámites y licencias necesarios para construir un edificio en España.

Todos los apelativos usados, además de en la libertad de expresión, se basan en el contenido de las noticias y artículos publicados.

Por ejemplo. Dadas las sentencias conocidas sobre el caso, me acogeré a la definición de estafar que se da en el Diccionario Espasa-Calpe:

  1. tr. Pedir o sacar dinero o cosas de valor con engaño:
    le estafó un timador.
  2. Dar a alguien menos o cobrarle más de lo justo:
    te estafaron en el restaurante.
  3. Defraudar, no ofrecer lo que se espera de algo:
    con esta película habrán estafado a más de uno.
  4. der. Cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin, y el engaño o abuso de confianza como medio.

 

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