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Sí, los inmigrantes también pagan la sanidad pública

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Ya me he cansado de escuchar la misma cantinela al cuñado de turno cada vez que salgo fuera de casa o enciendo el PC para ver internet. A saber, el argumento que pretendo cuestionar ahora es el clásico “los inmigrantes no pagan la sanidad” (España), al que se le pueden añadir complementos como “disfrutan de la sanidad”, “nos salen caros”, “nos vacían las arcas del sistema sanitario” y “colapsan la sanidad”.

A menudo este tipo de gente recurre como razonamiento que estos, inmigrantes (sobre todo “ilegales”: en una situación irregular), están viviendo en este país gozando de un sistema sanitario público sin contribuir a su financiación porque estos no cotizan a la seguridad social.

Pongámonos en antecedentes:

Hasta 1986 (y olvidando por un momento que el sistema sanitario empezaría a conformarse a finales del siglo XIX) por lo que se regía el sistema sanitario era por la Ley de 14 de diciembre de 1942 constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad SOE, bajo el Instituto Nacional de Previsión: un sistema de cobertura de los riesgos sanitarios a través de una cuota vinculada al trabajo, reestructurado en la Ley General de la Seguridad Social de 1974 (Decreto 2065/1974, de 30 de mayo). Bajo tal legislación no se disponía de sanidad a menos que uno mismo se la costeara de forma privada o a través de las aportaciones a la Seguridad Social mediante de las cotizaciones nominales. En resumen: si querías sanidad o trabajabas y te la pagabas con tu nómina o eras de una familia pudiente y te la pagabas con tu capital.

Llega 1978 y, muerto el dictador, se crea una Constitución. En ella, en su artículo 43, se establece esto:

  1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
  3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

En 1986 el ministerio llevado por Ernest LLuch, durante el gobierno del PSOE, crea la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: esta modifica lo anterior y la sanidad se vuelve realmente “universal” dando cobertura a todos los ciudadanos independientemente de su situación laboral o personal. Como el número de ciudadanos en España se va progresivamente incrementando, esta empieza a necesitar más financiación. Que sólo dependiera de lo cotizado en la Seguridad Social (modelo vigente hasta la fecha) era un problema. Llegados a este punto, en 1994 se aprueba el El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio: este, además de ampliar las coberturas sanitarias, se da pie a una serie de regulaciones que llevarían al lo siguiente:

1º.- La sanidad pública no se financia a través de las aportaciones nominales a la Seguridad Social: la sanidad pública se cotiza  a través de una vía fiscal general. Esto es así desde la ley 24/ 97 de 15 de julio de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. ¿Recuerdan el pacto de Toledo? Desde entonces la sanidad pública no depende ni a nivel jurídico ni a nivel económico de la Seguridad Social. La sanidad pública se financia a través de lo recaudado vía impuestos (directos e indirectos) como el IVA, impuestos especiales (tabaco, alcohol, etc.), el IRPF, el impuesto de sociedades, etc. O sea, que cada vez que una persona (sea inmigrante o no) consume o compra algo, aunque sea una lata de refresco, está contribuyendo al sostenimiento de la sanidad pública.

2º.- La Seguridad Social, que sí se financia con las aportaciones nominales, sólo sirve para cubrir la sanidad cuando  se trata de temas laborales: pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, prestaciones de maternidad y paternidad, y las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Así que no: los inmigrantes “ilegales” no se están aprovechando de la sanidad sin pagar por ella.

El argumento xenófobo empleado para cuestionar el acceso sanitario de estos era alegar que al no pagar la Seguridad Social estos no deberían tener derecho a la sanidad pública. Este es un argumento falaz: porque, como hemos visto, aunque no contribuyen a la Seguridad Social (por no poder tener una nómina) no están dejando de contribuir a la financiación de la sanidad pública vía impuestos directos e indirectos. Y no, aunque un inmigrante ilegal no contribuya a la Seguridad Social por no poder tener dicha nómina, este tampoco está disfrutando de la sanidad en ese sentido: entre otras cosas porque no tiene cobertura sanitaria laboral.

Bajo tal pretexto, durante su mandato, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Un eufemismo que escondía, bajo el punto de vista de los expertos (cosa que además se puede comprobar con su lectura), dicha xenofobia cuando les negaba a las personas migrantes la cobertura sanitaria que les correspondía. Como se puede comprobar en los puntos 1º y 2º de este mismo post, que las personas extranjeras sin permiso de residencia (que es a quien va dirigido este ataque) no estén pagando la sanidad es totalmente falso.

3º.- No. Los inmigrantes (que cómo hemos podido comprobar sí pagan la sanidad pública) no colapsan los centros sanitarios. De hecho la gente que apela a este argumento jamás aporta datos que lo corroboren. Los datos, pese a tal argumentario de tintes racistas y xenóbos que apela al miedo irracional y al testimonio anecdótico, dicen algo totalmente contrario:

Tal y como explican desde Vozpópuli, en 2008 la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), por ejemplo, realizó un estudio (ver enlace) donde se concluía que, frente al 57,75% de la población española que había acudido al menos una vez a los servicios sanitarios de atención primaria, sólo un el 12,7% era población inmigrante.

De los inmigrantes con situación laboral regulada se concluyó que:

El trabajo es imprescindible para un inmigrante, por ello intentan buscar una solución rápida a su problema de salud que les permita volver a incorporarse cuanto antes a su puesto de trabajo, aunque no sea en las mejores condiciones; también es común que no vuelvan a las revisiones pertinentes”

Según el estudio “Inmigración y Estado de bienestar en España” sobre la aportación de los inmigrantes al crecimiento económico y al sistema de Seguridad Social de la Fundación la Caixa los inmigrantes son el 12% de la población española y sin embrago solo reciben el 6,8% de los servicios sociales, la mitad que los autóctonos:

“El gasto público sanitario para un grupo de inmigrantes es, proporcionalmente, la mitad de lo que se gasta para el mismo número de ciudadanos autóctonos”

4º.- No, tampoco es cierto que su principal motivo, cuando acuden a los centros sanitarios, sea hacer turismo (lo que denominan “turismo sanitario”), ni que hayan venido a España bajo tal premisa.  Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país.

También pueden saber más leyendo su revista (abajo).

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En 2018 además la  University College London (UCL) publicó un estudio internacional, The UCL–Lancet Commission on Migration and Health: the health of a world on the move, donde se desmentía que los inmigrantes fueran portadores de enfermedades y por tanto una carga para el Estado. En la revista de salud Reacción médica,en Europa Press y en eldiario.es pueden ver artículos al respecto sobre dicho estudio.

Además, cuando se habla de inmigrantes la imagen a la que evocan es la del clásico subsahariano o latinoamericano para referirse a ellos, pero este ni si quiera es el perfil de ese 4% de gente que viene por razones sanitarias: la mayoría son pertenecientes a esta comunidad económica europea a la que pertenece España.

Este es un país que, debido a las políticas llevadas a cabo por todos los que nos han gobernado hasta ahora, que nos han conducido, en vez de a la industrialización y hacia el sector tecnológico (cada vez han habido más recortes en Educación y en I+D+i), depende casi exclusivamente del turismo y de la cantidad de consumidores que hay en él. Entonces, los inmigrantes ¿gastan más que contribuyen?

5º.- Según un estudio de la OCDE, la diferencia entre aportaciones vía impuestos y cotizaciones y los beneficios sociales que reciben los que vienen de fuera arroja un gasto positivo a favor del Estado de 5.500 millones de euros. El dato se puede confirmar por comunidades autónomas. La misma conclusión a la que llegaron en el estudio citado anteriormente de The Lancet: los inmigrantes, pese a que ciertos políticos “continúan restringiendo o condenando públicamente la migración para promover sus propios intereses“, “sostienen las economías, refuerzan los servicios sociales y contribuyen a los servicios de salud“. La conclusión de la Comisión sobre el discurso político antimigración es clara:

“esta retórica tiende a ignorar el hecho de que ha habido pocos cambios en el porcentaje de los migrantes internacionales del mundo, que sólo ha aumentado de 2,9% a 3,4% de 1990 a 2017 a nivel mundial”

Llegados a esto, teniendo en cuenta que los datos y la realidad en cuanto al sistema sanitario son los que son ¿creen en serio que la mejor idea es menospreciar o vetar a aquellos que contribuyen a su financiación?

Este tipo de argumentos políticos, usados por un sector, sólo tiene como motivante el expolio de los servicios públicos: el querer que se elimine la universalidad implicaría una serie de privatizaciones relativas a cómo se financia y quién puede tener cobertura. Su mensaje, que apela a las emociones (como el miedo) sólo esconde dicho propósito, motivando a personas a comportarse de una determinada forma. La ideología subyacente sólo busca esto, aunque apela a instintos animales básicos: instintos territoriales y gregarios.

Las únicas dos razones que le quedan a quienes, viendo los datos, siguen queriendo quitarles sus derechos, a que una serie de personas no pueda curarse sólo por su condición social y geográfica, son la xenofobia y el racismo.

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